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Mercosur: empresas enfrentan un daño potencialmente grave

MARCELO FALAK

AMBITO

La decisión de Uruguay de avanzar unilateralmente en negociaciones de libre comercio, a espaldas del Mercosur, no sólo es violatoria de la normativa vigente, sino que también es fuente de posibles perjuicios para las empresas de Argentina, Brasil y Paraguay que tienen en el bloque un mercado ventajoso.

En su configuración actual, el Mercosur es una unión aduanera por estar dotado de un Arancel Externo Común (AEC). Más allá de que este tenga numerosas perforaciones, eso no le impide plantarse frente al mundo como una zona económica unida, tal como se comprobó en el acuerdo de libre comercio negociado a lo largo de más de dos décadas y concretado en 2019 con la Unión Europea (UE). Sin embargo, si prosperara la intención oriental de que cada Estado miembro pacte aperturas unilaterales, el mismo retrocedería a un estatus de simple área de libre comercio en la que las empresas de los demás países miembros se encontrarían con la pérdida de las reservas de mercado de las que han gozado hasta ahora.

El Gobierno de Luis Lacalle Pou no es el primero en tentarse con ese curso de acción. Uruguay ha sostenido la necesidad de flexibilizar las negociaciones externas del Mercosur desde tiempos de Jorge Batlle, pasando por las administraciones de izquierda de Tabaré Vázquez y, más tímidamente, hasta de José “Pepe” Mujica. Sin embargo, ninguno de esos mandatarios dio el paso de considerar, como hizo el primero entre el miércoles y ayer, que la obligación de encarar negociaciones comerciales como grupo no es válida por basarse en la Decisión 32/00 del Consejo del Mercado Común, la que no ha sido “internalizada” por su sistema legal.

Esa interpretación es fantasiosa, no solo para la Argentina sino también para Paraguay y hasta para la Cancillería de Brasil, que se ha enfrentado al respecto con el criterio del ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes. Para todos estos, la mencionada regla surge, en verdad, del artículo 1 del capítulo I del propio Tratado de Asunción, constitutivo del bloque y sí asimilado por las legislaciones nacionales, que alude claramente a “la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales”.

Formalidades aparte, si Uruguay cerrara, como desea, un tratado de libre comercio con China, las industrias argentinas, brasileñas y paraguayas que exportan a aquel país se encontrarían con una competencia que hasta ahora no existía y que, en el caso aludido, impondría además su escala y las ventajas de precio que obtiene de un mercado de trabajo más barato y sin protección sindical efectiva. En tal caso, las compañías del Mercosur perderían la preferencia y mantendrían ventajas arancelarias equivalentes a las de otros países, pero perderían –por las razones mencionadas– en una competencia desigual.

Claro que el mercado oriental no es el más atractivo del Cono Sur. El problema pasa por el precedente que ese escenario crearía, con la posible reserva del mercado brasileño para las firmas argentinas y del argentino para las brasileñas.

Es por eso que la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil rechaza la flexibilización de facto que propone Lacalle Pou con el aparente respaldo de Jair Bolsonaro, enfrentado así a Itamaraty y al sector productivo de su propio país.

Nación de tres millones y medio de habitantes, cuyas principales actividades económicas son las exportaciones primarias, el turismo y los servicios financieros, a Uruguay puede convenirle una estrategia de apertura multilateral, de acuerdo con el modelo chileno. Al fin y al cabo, prácticamente no tiene una industria que preservar. Sin embargo, ¿pueden darse el mismo lujo la Argentina, con sus 45 millones de habitantes, y Brasil, con sus 210 millones? ¿Qué consecuencias tendría para los socios grandes del club una apertura de esa índole, tanto en lo económico como en lo laboral y en lo social?

Es mucho lo que está en juego. En el semestre brasileño de presidencia pro tempore se sabrá hasta qué punto Bolsonaro decide -o puede- avanzar en tándem con Lacalle Pou. También si la propuesta argentina de permitir negociaciones a diferentes velocidades, pero autorizadas caso por caso y no como principio como pretende Montevideo, termina por satisfacer a los díscolos. Es mucho lo que se jugará en tan poco tiempo.